La Comisión Europea se posiciona a favor de los afectados por hipotecas con cláusula IRPH

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, conocido por sus siglas IRPH, es uno de los tipos referencia utilizados en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable firmados con consumidores, para calcular el tipo de interés a pagar por estos a la entidad de crédito.

En los últimos tiempos, el IRPH ha sido objeto de debate judicial acerca de su legitimidad, debate que a tenor de los recientes acontecimientos se ha visto intensificado, superando las fronteras nacionales y llegando a las instituciones europeas.

La posición defendida por el Tribunal Supremo ha sido favorable a las entidades de crédito. Se recoge en la sentencia núm. 699/2017, de 14 de diciembre, y se resume en que la mera referencia de una hipoteca al IRPH no implica falta de transparencia o abusividad. No obstante, dicha tesis ha sufrido un duro revés con base en el contundente informe que ha publicado la Comisión Europea - cuyo destinatario es el TJUE - en el que se posiciona a favor de los afectados por hipotecas con cláusula IRPH.  En concreto, la Comisión Europea defiende que el deber de transparencia en relación con una cláusula esencial del contrato como es la cláusula IRPH, comprende la obligación para la entidad de crédito de explicar al consumidor, antes de la firma, diversos extremos tales como la configuración del índice, cuál ha sido la evolución en el pasado y su posible evolución futura comparado con otros índices empleados en el mercado, como por ejemplo el Euribor. Los supuestos en que la entidad de crédito haya omitido esta información, siempre que ello haya supuesto que el consumidor haya adoptado una decisión que en caso contrario no hubiese tenido lugar, debe calificarse de engañosa.

Se calcula que en España existen aproximadamente un millón de afectados por hipotecas con cláusula IRPH. En caso de apreciarse la nulidad del IRPH, supondría la devolución retroactiva de lo pagado de más por el consumidor por la aplicación de dicho índice y su sustitución por otro. La resolución definitiva llegará en los próximos meses con el pronunciamiento del TJUE.

Desde Abogados Díaz Veiga somos positivos con el pronunciamiento que la justicia europea vaya a dictar respecto el IRPH. Si es usted un consumidor afectado por una hipoteca con cláusula IRPH, consúltenos su caso.

 

El impago de una cuota de la hipoteca no basta para que te ejecuten la deuda completa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 26 de enero de 2017, ha decretado la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, que permitía ejecutar la totalidad de la deuda, más los intereses correspondientes, únicamente con el impago de una sola cuota o un pequeño porcentaje de las cuotas.

Asimismo, ha sobreseído la ejecución hipotecaria promovida por el banco, al considerar que la reclamación del banco había sido desproporcionada al resolver anticipadamente la hipoteca por el retraso de una pocas cuotas. Se privó al consumidor de la posibilidad de paralizar la ejecución devolviendo las cuotas debidas e impedir el correspondiente desahucio.

La sentencia del TJUE no especifica a partir de cuántas cuotas se considera grave el impago, si no que el juez deberá valorar en cada caso. Establece además, que el banco puede solicitar por vía judicial el pago de las cuotas pendientes pero no la devolución total del préstamo. Esta sentencia permite plantear esta cláusula abusiva incluso en casos ya juzgados

Quizá ésta sea la puerta para anular las ejecuciones hipotecarias y sucesivos desahucios posteriores al 1 de enero de 1995. Es en esta fecha cuando debió haberse transpuesto la Directiva 93/13/CE. Para estos casos en los que ya se ha producido el desahucio lo que procede es reclamar la indemnización correspondiente por el daño causado derivado de la aplicación de la referida cláusula.

Consúltenos su caso.

Reclame los gastos derivados de su hipoteca

 La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, declaró abusiva la cláusula suelo de las hipotecas, pero solo permitía reclamar desde mayo de 2013.

El 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anuló el contenido de la anterior sentencia al establecer que las entidades bancarias debían restituir las cantidades que habían cobrado indebidamente desde el inicio de la suscripción del contrato de hipoteca.

Recientemente la Banca ha recibido otro varapalo: El Tribunal Supremo en la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre, ha determinado que las entidades bancarias han vulnerado de nuevo la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios al declarar que el pago de los gastos de formalización, tributos y comisiones derivados de los préstamos hipotecarios son nulos y como consecuencia, las cantidades abonadas por dichos conceptos pueden ser recuperadas por los clientes.

Las entidades bancarias se han excedido al pretender imputar determinados gastos derivados de la constitución de hipoteca a los prestatarios. La ley establece que quien está obligado al pago de tales gastos es el solicitante del servicio o aquél a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación; esto es, el banco-prestamista, principal interesado en garantizar el pago de la hipoteca.

En resumen, el prestatario-consumidor-cliente tiene derecho a recuperar los gastos de notaría, registro y actos jurídicos documentados derivados de la escritura de constitución de hipoteca.

 

Para ello, deberá, con carácter previo a la demanda, presentar al banco una carta con las facturas que pretenda reclamar y pasados dos meses sin obtener respuesta, acudir a la vía judicial.

A continuación, compartimos el enlace de la sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7889340&links=&optimize=20161214&publicinterface=true

Consúltenos su caso.

 

 

La dación en pago por vía judicial ya es posible.

 

La sentencia del Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, de 7 de noviembre de 2016, acuerda la posibilidad de cancelar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda, sin necesidad de pactar con el banco.

El juez que la ha dictado considera que ha habido un desequilibrio entre las obligaciones contractuales que tenía el banco y las que tenía el cliente. Ello es así porque, en ocasiones en las que el consumidor-prestatario no podía asumir el pago,la entidad bancaria se aferraba a una claúsula del contrato que obligaba al consumidor a continuar con el pago de la deuda de la hipoteca, a pesar de que el banco ya se había adjudicado la vivienda(cubriendo así el precio de la deuda).

La resolución establece quela entidad bancaria no ha sido transparenteen la redacción de los contratos hipotecarios, puesto que el banco como profesional frente al consumidor que no tiene conocimientos específicos,no ha informado adecuadamente al cliente de las consecuencias que implicaba la firma del contrato, ni la redacción del mismo es suficientemente clara para asegurar que el consumidor comprendía el alcance de sus obligaciones.

Así, la sentencia señala que no es razonable que el banco se viese beneficiado por partida doble, adjudicándose la vivienda y pudiendo posteriormente venderla a un precio incluso superior al de su tasación y que el cliente sin embargo, se viese forzado a asumir una deuda de por vida, además de haber perdido su vivienda.

 

Esperemos que esta primera sentencia sea el comienzo de una jurisprudencia consolidada que proteja los derechos de los consumidores en la línea de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si tiene dudas sobre su deuda hipotecaria, no dude en consultarnos.

Acciones de Bankia

En junio de 2.011 la Junta General de Accionistas y Consejo de Administración de BFA, posteriormente la de Bankia, decidió la salida a Bolsa de Bankia, mediante la emisión de una Oferta Pública de Suscripción y Admisión de Negociación de Acciones (OPS). El 20 de julio de 2.011, tuvo lugar la salida a Bolsa.

 

Finalmente, las acciones empezaron a comercializarse, también, en el mercado secundario. Numerosos inversores adquirieron sus acciones en fechas posteriores al 20 de julio, algunos de ellos a través de la propia Bankia, previa firma de un contrato de depósito de valores. 

 

Durante todo el ejercicio de 2.011, Bankia se presentó ante la ciudadanía como una entidad solvente, con unas cuentas saneadas que arrojaban beneficios. Sin embargo, como se comprobó con posterioridad, la realidad era bien distinta. A continuación se detalla lo acontecido cronológicamente:

 

  • - 4 de mayo de 2.012: Bankia remite sus cuentas, sin auditar, a la CNMV. En su cuenta de resultados consolidada, se refleja un beneficio de casi 305 millones de euros.
  • - 7 de mayo de 2.012: el Presidente de la entidad (Rodrigo Rato) presenta su dimisión.
  • - 9 de mayo de 2.012: la entidad es intervenida por el FROB y el valor de las acciones empieza a caer.
  • - 25 de mayo de 2.012: Bankia comunica a la CNMV la aprobación de unas nuevas Cuentas Anuales del ejercicio 2.011, auditadas, en las que constan unas pérdidas de 2.979 millones de euros. Paralelamente, solicita una inyección de 19.000 millones de euros, de dinero público, para recapitalizar la entidad. La CNMV acuerda la suspensión de la cotización de las acciones de Bankia. 
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Los hechos relatados evidencian que, la entidad Bankia, había creado una apariencia de solvencia y solidez que no se correspondía con la realidad. La imagen proyectada generó confianza en los inversores, tanto los que adquirieron acciones en la OPS como los que las compraron con posterioridad.

 

La falta de veracidad de la información ofrecida por Bankia, indujo a error a los inversores que, como consecuencia de esta falsedad desconocida, no prestaron un consentimiento válido. La apreciación de este error (vicio del consentimiento) por parte de los jueces, conlleva la anulabilidad de la adquisición de las acciones, con la consiguiente obligación de devolver las cantidades desembolsadas por los inversores, así como los intereses legales.

 

Puesto que los datos reales se hicieron públicos el 25 de mayo de 2.012, los inversores que adquirieron sus acciones con anterioridad a esta fecha, pueden recuperar su dinero. Aquí puede consultar una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Madrid, estimatoria de la demanda presentada por este Despacho, en la que se declara la anulabilidad del contrato de depósito de valores y se condena a Bankia a devolver las cantidades abonadas por los demandantes para la adquisición de las acciones, así como los intereses legales devengados.

 

Consúltenos su caso.